Más de dos toneladas de truchas muertas siguen pudriéndose en la cuenca del río Yuracyacu. Mientras el Gobierno Regional de Junín asegura haber enviado ayuda, las familias denuncian un abandono total que hoy pone en riesgo la salud de sus hijos.
La indignación en Pariahuanca no nace solo del desastre ambiental, sino del silencio que le siguió. Hace días, el río Yuracyacu se convirtió en un cementerio: más de dos toneladas de truchas flotando inermes, el sustento de cientos de familias piscicultoras desvaneciéndose en el agua. Hoy, ese mismo río es una bomba de tiempo sanitaria, y sus pobladores se sienten traicionados.
Promesas que se lleva el río
Tras la crisis, la esperanza se depositó en un acta firmada el pasado 28 de abril. En ese documento, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) se comprometió a declarar la emergencia, enviar maquinaria pesada y brindar asistencia técnica para retirar los peces en descomposición.
Sin embargo, en las orillas del Yuracyacu la realidad es otra. «No ha llegado nadie. No hay máquinas, no hay técnicos, solo estamos nosotros viendo cómo se pudre nuestro trabajo», denuncian los comuneros. A pesar de que la Gerencia de Recursos Naturales, dirigida por Vladimir Brañez, afirma que la maquinaria ya fue asignada, los pobladores son tajantes: en el terreno no hay un solo motor encendido.
Un riesgo humano invisible
Más allá de las pérdidas económicas, la crisis ha tomado un cariz humanitario. El olor a descomposición impregna el aire y la preocupación escala hacia el consumo humano. Varias comunidades de la margen derecha del río temen que el agua que llega a sus hogares esté contaminada.
La falta de un manejo especializado para la disposición de los residuos biológicos ha convertido la zona en un foco infeccioso. Sin supervisión técnica, los piscicultores intentan salvar lo que pueden, exponiéndose a enfermedades sin ningún tipo de protección o guía oficial.
Justicia frente a la omisión
El sentimiento de olvido ha empujado a los representantes comunales a evaluar una vía legal: una denuncia por presunta omisión de funciones contra las autoridades responsables. Para Pariahuanca, los documentos firmados ya no bastan; el papel no limpia el agua ni devuelve la vida al río.
Mientras la burocracia sigue su curso en las oficinas regionales, en Pariahuanca el tiempo se agota. El pueblo no solo pide ayuda técnica, exige el respeto de saber que sus vidas y su salud valen más que una firma en un acta incumplida.