Política

Regidor alerta sobre presuntas irregularidades en procesos disciplinarios de la Municipalidad de El Tambo

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¿Una red de cobros ilegales operó dentro de la Municipalidad de El Tambo? Regidor advierte presuntas irregularidades en procesos disciplinarios

La intervención de Marco Chanco Córdova, ocurrida el pasado 25 de julio cuando presuntamente cobraba una coima de S/2 mil a una trabajadora de la Municipalidad Distrital de El Tambo, puso bajo la lupa una serie de procedimientos administrativos que podrían revelar la existencia de una presunta red de cobros ilegales vinculada a los Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD).

Según las primeras investigaciones y los testimonios recogidos en el caso, Chanco habría solicitado el dinero para favorecer el archivamiento de un proceso sancionador. A partir de esta denuncia, las pesquisas también alcanzan al entorno de la entonces Subgerencia de Recursos Humanos, que dirigía el abogado Ronal Félix Bernardo.

Tercerización de procesos bajo cuestionamiento

Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno a la tercerización de la evaluación legal de los procesos administrativos. Según advirtió el regidor Percy Núñez, la Municipalidad de El Tambo destinó más de S/30 mil para contratar este servicio.

Núñez también señaló que el servicio habría involucrado coordinaciones entre funcionarios y personas vinculadas al estudio jurídico privado del entonces responsable de Recursos Humanos.

El regidor solicitó información sobre los expedientes que pasaron por este mecanismo y, según indicó, identificó alrededor de 60 casos. Más de la mitad de estos procesos habrían terminado archivados, mientras que otros habrían prescrito.

Estos resultados, según Núñez, exigen una revisión de las decisiones que adoptaron los responsables de los procesos disciplinarios. El concejal considera necesario determinar si las autoridades resolvieron los expedientes únicamente con criterios legales o si alguien utilizó estos procedimientos para favorecer a trabajadores investigados a cambio de dinero.

¿Favorecieron a trabajadores investigados?

Los hechos plantean una interrogante central: ¿alguien utilizó los procesos administrativos para beneficiar a determinados trabajadores mediante el pago de dinero?

La investigación deberá establecer si existe alguna relación entre los expedientes archivados o declarados prescritos y las presuntas solicitudes de dinero que ahora investigan las autoridades.

El caso también cuestiona el sistema de control interno de la Municipalidad de El Tambo. Si funcionarios y regidores ya habían observado la tercerización de estos procesos, las autoridades deberán explicar por qué no adoptaron medidas oportunas para revisar el mecanismo o corregir las posibles irregularidades.

Ministerio Público amplía el foco de la investigación

El Ministerio Público continúa con las diligencias relacionadas con la intervención de Chanco Córdova y evalúa los posibles delitos vinculados al caso, entre ellos el presunto tráfico de influencias y otros ilícitos que podrían surgir durante las investigaciones.

Las pesquisas podrían alcanzar a otros funcionarios y particulares que participaron en la gestión de los procesos administrativos. Las autoridades deberán determinar quiénes contrataron y supervisaron los servicios tercerizados, quiénes tuvieron acceso a los expedientes y si algún funcionario omitió controles o tomó decisiones que generen responsabilidad administrativa o penal.

Por ahora, las autoridades investigan las presuntas irregularidades y todavía no han establecido responsabilidades individuales. La Fiscalía deberá contrastar testimonios, documentos y demás elementos de prueba antes de determinar si existió una estructura organizada para favorecer a trabajadores investigados mediante cobros ilegales.

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Escolares quedan expuestos en zonas peligrosas ante negativa de combis a recogerlos en Huancayo

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Escolares quedan expuestos en zonas peligrosas ante negativa de combis a recogerlos en Huancayo

Autoridades anuncian operativos y multas de hasta el 10 % de una UIT para conductores que se nieguen a recoger estudiantes.

Algunos conductores de transporte público se negarían a recoger a escolares en puntos peligrosos de Huancayo. Esta situación dejaría a los menores en plena vía pública.

La Policía alertó sobre estos casos. También advirtió que los escolares enfrentan mayores riesgos en zonas donde se han registrado peleas y otros hechos violentos.

El jefe de la Región Policial Junín, general César Calero, pidió a los transportistas recoger a los estudiantes. También los exhortó a no dejarlos esperando en lugares peligrosos.

Ante esta alerta, la Municipalidad Provincial de Huancayo anunció operativos inopinados. Los inspectores acudirán a los puntos identificados por la Policía.

Vigilarán zonas con alta presencia de escolares

El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que reforzarán la vigilancia.

Los inspectores supervisarán los exteriores de los colegios. También recorrerán la avenida Ferrocarril y algunos óvalos.

En estos puntos se concentra una gran cantidad de escolares.

Quispe advirtió que los conductores que rechacen a estudiantes podrían recibir una multa de hasta el 10 % de una UIT. La sanción dependerá de la infracción cometida.

Piden reportar a conductores

El funcionario pidió a los ciudadanos reportar estos casos. Para ello, deberán registrar la placa del vehículo.

También recomendó tomar fotografías o videos. Estos elementos ayudarán a acreditar la presunta infracción. Además, permitirán identificar a la empresa responsable.

Quispe cuestionó otra práctica. Algunos conductores obligarían a los escolares a viajar de pie pese a que pagan el pasaje escolar.

El funcionario recordó que los transportistas deben respetar a los estudiantes. También rechazó cualquier maltrato por el uso de esta tarifa.

Huancayo, Chilca y El Tambo coordinarán operativos

La Municipalidad de Huancayo coordinará acciones con la Policía. También trabajará con las municipalidades de Chilca y El Tambo.

Las autoridades intervendrán en los puntos con mayor demanda de transporte. Allí buscarán reducir los riesgos para los escolares.

Además, pidieron apoyo a los padres de familia y representantes de los colegios. Los ciudadanos también podrán reportar estos casos.

Las autoridades buscan evitar que los menores esperen solos en calles peligrosas.

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Junín acumula 90 obras paralizadas: algunos proyectos llevan más de tres años detenidos

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Junín acumula 90 obras paralizadas: algunos proyectos llevan más de tres años detenidos

La Contraloría advierte que la falta de financiamiento, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento de pagos figuran entre las principales causas. El Gobierno Regional de Junín registra 14 proyectos paralizados, entre ellos el Hospital Higa Arakaki, en Satipo.

Junín registra actualmente 90 obras paralizadas, de acuerdo con el reporte de la Contraloría General de la República. Entre las principales causas identificadas se encuentran la falta de recursos financieros y liquidez, el desabastecimiento de materiales y el incumplimiento del pago de valorizaciones.

El gerente regional de Control de Junín, Víctor Lizárraga, señaló que la mayor concentración de proyectos detenidos corresponde a los gobiernos locales. En total, 49 municipalidades distritales registran obras en condición de paralización.

Hospital Higa Arakaki lleva más de tres años detenido

El Gobierno Regional de Junín registra 14 obras paralizadas. Entre ellas se encuentra el Hospital Higa Arakaki, ubicado en la provincia de Satipo, cuya ejecución permanece detenida desde hace más de tres años.

El proyecto forma parte de una extensa lista de obras que, pese al tiempo transcurrido, no logran culminarse. La paralización genera preocupación debido a la necesidad de la población de contar con servicios de salud e infraestructura adecuados.

Centro de salud de Chongos Alto también permanece paralizado

Otro de los casos que ha llamado la atención de la Contraloría se encuentra en el distrito de Chongos Alto, donde un centro de salud lleva más de un año con la ejecución paralizada.

La situación se agravó luego de que el establecimiento que brindaba atención a los pobladores quedara inhabitable tras los sismos registrados el 18 de julio. El centro de salud atiende a población procedente de Huasicancha, Chicche y Chongos Alto.

La paralización de la obra representa un problema adicional para los habitantes de estas localidades, debido a la necesidad de contar con un establecimiento que permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Contraloría realiza acciones para destrabar proyectos

Lizárraga explicó que la Contraloría viene revisando la documentación correspondiente a las obras paralizadas con el objetivo de identificar los problemas que impiden su continuidad.

Según indicó, durante el año pasado se contribuyó a reactivar dos obras, mientras que en lo que va de este año se han realizado cinco servicios de control preventivo orientados a identificar dificultades y contribuir al destrabe de proyectos.

El funcionario sostuvo que la paralización de obras no solo retrasa la atención de las necesidades de la población, sino que también debilita la institucionalidad y alimenta la percepción de que una obra inconclusa es sinónimo de corrupción.

Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades asuman el reto de identificar oportunamente los problemas que afectan a cada proyecto, gestionar los recursos presupuestales necesarios y resolver las controversias con los contratistas.

El objetivo, señaló, debe ser evitar que obras de importancia para la población, como el Hospital Higa Arakaki, continúen acumulando años de retraso sin una solución que permita retomar y culminar su ejecución.

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Municipalidad de Pilcomayo no asume pago y semáforo instalado tras muerte de estudiante sigue apagado

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Municipalidad de Pilcomayo no asume pago y semáforo instalado tras muerte de estudiante sigue apagado

La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales semafóricos tras el fallecimiento de un estudiante de Enfermería. Electrocentro cortó el suministro por falta de pago y el sistema permanece inoperativo.

El semáforo que la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló en una peligrosa intersección de cinco esquinas de Pilcomayo permanece apagado por falta de pago del servicio eléctrico.

La tragedia que motivó la instalación ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando el estudiante de Enfermería Nain Asorsa Herrera, de 22 años, murió mientras se dirigía al IREN Centro para realizar sus prácticas preprofesionales.

Tras el accidente, los vecinos exigieron medidas de seguridad para reducir el riesgo en esta intersección. En respuesta, la Municipalidad Provincial de Huancayo instaló cinco cabezales de semáforo y puso inicialmente el sistema en funcionamiento.

Sin embargo, Electrocentro cortó el suministro eléctrico por falta de pago, por lo que actualmente solo permanece la infraestructura mientras los equipos permanecen apagados.

Pilcomayo debe asumir el pago

El gerente de Tránsito y Transporte de Huancayo, Jorge Quispe, señaló que la Municipalidad de Pilcomayo debe formalizar el suministro eléctrico y asumir el costo mensual del servicio, que bordearía entre S/30 y S/40.

Quispe explicó que la Municipalidad Provincial de Huancayo ya entregó la documentación y los contactos necesarios para que Pilcomayo complete el trámite y garantice el suministro eléctrico.

El funcionario también lanzó una advertencia: si ocurre otro accidente mientras el semáforo permanece apagado, la responsabilidad recaería en la Municipalidad de Pilcomayo, debido a que Huancayo ya instaló los equipos y comunicó a la comuna distrital que debía garantizar el suministro eléctrico.

Vecinos siguen expuestos al peligro

Mientras las autoridades mantienen pendiente la solución del pago, los vecinos continúan enfrentando el riesgo en la misma intersección donde ocurrió la tragedia.

La Municipalidad Provincial de Huancayo instaló el semáforo como una medida para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes. No obstante, la falta de pago mantiene apagado el sistema y deja sin funcionamiento una infraestructura que debía reforzar la seguridad de peatones y conductores.

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