Comunidades campesinas, gremios y autoridades exigen al Ejecutivo asegurar el presupuesto de 900 millones de soles para el inicio de las obras previsto para 2026.

El segundo día del paro regional en el centro del país se desarrolló entre la tensión de bloqueos momentáneos y masivas movilizaciones. El eje de la protesta es unánime: exigir al gobierno del presidente José María Balcázar la priorización inmediata de la Nueva Carretera Central, una obra vital para la conectividad de la macro región centro.

Tensión en La Oroya: Bloqueos y presencia policial

Desde la madrugada, el punto crítico se concentró en La Oroya. Piquetes de manifestantes intentaron interrumpir el flujo vehicular utilizando piedras y la quema de llantas.

• Estado de la vía: El bloqueo fue momentáneo. La intervención de las fuerzas del orden y la naturaleza intermitente de la protesta permitieron que el tránsito se restableciera en pocos minutos.
• Participantes: La jornada congregó a una coalición de comunidades campesinas, productores cafetaleros y dirigentes sindicales que se desplazaron desde diversas provincias hacia los puntos estratégicos de la carretera.

El conflicto presupuestal: ¿Por qué protestan?

La principal preocupación de los dirigentes y la población radica en la brecha financiera del proyecto. Según los voceros sociales, la inversión requerida y la asignada actualmente no coinciden:

«No podemos permitir que una obra de esta magnitud quede estancada por falta de voluntad política. El presupuesto actual es insuficiente para garantizar el inicio de la construcción en 2026», señalaron los dirigentes.

Autoridades se suman a la medida de fuerza

En Huancayo, la protesta tomó un tinte institucional. El alcalde provincial, acompañado de funcionarios municipales y regionales, encabezó las movilizaciones por la Calle Real.

La presencia de organizaciones civiles y juntas vecinales reforzó el mensaje al Ejecutivo: el anuncio de un incremento presupuestal es innegociable para levantar las medidas de fuerza. Las autoridades locales advirtieron que la paciencia de la población se agota ante lo que consideran un retraso sistemático de una vía que aliviaría el colapso de la actual Carretera Central.

A solo un año y medio de su entrega, la millonaria infraestructura presenta fallas estructurales y un sistema eléctrico «provisional» que colapsó. El Gobierno Regional de Junín está en el ojo de la tormenta.

La modernidad fue solo un espejismo. La comunidad educativa de la I.E. Mariscal Castilla enfrenta una situación crítica que pone en jaque el año escolar 2026. Lo que debía ser un modelo de infraestructura educativa en la región, hoy es un edificio inoperante debido a negligencias administrativas y deficiencias técnicas.

El detonante: Un colegio a oscuras y seco

La empresa Electrocentro procedió al corte total del suministro eléctrico en el complejo. ¿La razón? El plantel funcionaba con una conexión provisional desde el año pasado.

Según el subdirector de la institución, el Gobierno Regional de Junín nunca cumplió con la instalación del sistema eléctrico definitivo tras finalizar la obra. Las consecuencias son inmediatas:

• Paralización administrativa: Trámites y gestiones escolares detenidos.
• Desabastecimiento de agua: Sin energía, las bombas que distribuyen el agua potable no funcionan.
• Riesgo educativo: La falta de servicios básicos amenaza directamente el retorno de miles de estudiantes en las próximas semanas.

Infraestructura «nueva» con problemas viejos

Lo más alarmante es que el corte de luz ha destapado una caja de Pandora sobre el estado real del colegio, que tiene apenas 18 meses de uso y ni siquiera ha sido inaugurado oficialmente:

1. Filtraciones: Humedad detectada en diversos pabellones.
2. Deterioro prematuro: Materiales que ya muestran desgaste excesivo.
3. Vicios ocultos: Deficiencias técnicas que representan un peligro latente para los alumnos.

«Es inaceptable que una obra con menos de dos años ya presente este nivel de abandono institucional», señalaron representantes de la comunidad educativa.

La dirección del plantel ha confirmado que presentará un informe detallado de todas las fallas ante las autoridades regionales. La exigencia es clara: intervención inmediata y soluciones definitivas antes de que suene el primer timbre del 2026.

De no mediar una respuesta del Gobierno Regional, la «crisis de infraestructura» del Mariscal Castilla podría escalar a medidas de fuerza por parte de los padres de familia.

Cuatro megaproyectos de salud y bienestar social en Pangoa y Chupaca están en la mira. La región busca evitar arbitrajes de hasta 6 años tomando el control financiero de los proyectos.

El panorama: Obras que no terminan

Cuatro proyectos de alto impacto social en la región Junín se han convertido en monumentos a la espera. Estas obras, ejecutadas por consorcios de capital chino y heredadas de gestiones pasadas, enfrentan un laberinto de retrasos, controversias técnicas y presupuestos inflados que parecen no tener fin.

¿Por qué no avanzan las obras?

Según el gerente regional, Roy Gonzales, las empresas contratistas han utilizado diversas estrategias legales y contractuales que han frenado el progreso físico:

• Controversias técnicas: Disputas sobre la ejecución del expediente.
• Arbitrajes: Procesos legales que bloquean la continuidad.
• Adicionales de obra: Solicitudes constantes de mayor presupuesto.

«Resolver los contratos no es la salida inmediata, ya que un proceso arbitral podría congelar las obras por más de seis años», señalan desde la gestión regional.

La estrategia: Intervención Económica

Ante la falta de resultados tras haber pagado valorizaciones pendientes y destrabado expedientes, el Gobierno Regional de Junín ha decidido aplicar la intervención económica.

¿Qué significa esto para el proyecto?

1. Control compartido: El Estado participa directamente en el manejo de la caja y los pagos.
2. Garantía de ejecución: El dinero se destina exclusivamente a la compra de materiales y pago de mano de obra para asegurar el avance.
3. Sin romper el contrato: Se mantiene el vínculo con la empresa china para evitar que la obra se detenga totalmente por un pleito judicial.

Proyectos críticos en la lista

La prioridad se centra en infraestructuras de salud en Pangoa y Chupaca, zonas donde la población sigue esperando servicios básicos dignos mientras las estructuras de cemento permanecen inconclusas.

Un cierre incierto para la población

Mientras la burocracia y las empresas ejecutoras miden fuerzas en los despachos, los ciudadanos de Junín son los principales afectados. La intervención económica se presenta como la última carta de la región para entregar los hospitales y centros sociales prometidos hace años.