Terminal Terrestre de Huancayo operó dos años sin certificado de seguridad propio: recién inician trámites

Tras la recuperación de la administración, el terminal funcionó con documentos vencidos o de terceros. Recién el pasado 24 de marzo solicitaron la Inspección Técnica (ITSE), paso previo indispensable para obtener la licencia de funcionamiento.

El desorden administrativo parece haber sido la norma en el Terminal Terrestre de Huancayo durante los últimos dos años. Pese a ser una infraestructura crítica por donde transitan miles de pasajeros a diario, recién el pasado 24 de marzo se formalizó la solicitud para obtener el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ante la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Operación en el limbo legal

Desde que la administración fue recuperada por la municipalidad provincial, el recinto operó bajo una irregularidad silenciosa. Hasta el 12 de enero de este año, se utilizó el certificado ITSE que pertenecía a la anterior concesionaria, una práctica que contraviene la normativa municipal de El Tambo y que pone en entredicho la fiscalización de seguridad en el recinto.

Observaciones y plazos

El proceso actual no será inmediato. La Subgerencia del terminal, liderada por Edilson Pucllas, confirmó que el trámite se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones. Los técnicos han detectado deficiencias críticas que deben subsanarse:

• Sistema Eléctrico: Presenta fallas que deben ser corregidas por la Municipalidad Provincial de Huancayo.
• Estructura: Problemas en el techo que requieren una intervención vía IOAR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición).

Se estima que, si no hay retrasos, el certificado ITSE podría emitirse entre mayo y junio. Solo con este documento en mano, el terminal podrá tramitar la licencia de funcionamiento, requisito legal básico para cualquier establecimiento comercial o de servicios.

Riesgo para los usuarios

Esta demora de más de 700 días para iniciar un trámite de seguridad elemental revela una gestión deficiente de los activos públicos. Mientras se espera la burocracia y las reparaciones, los usuarios continúan utilizando una infraestructura que, legalmente, no ha garantizado contar con las condiciones de seguridad vigentes ante la autoridad distrital.