El pasado 11 de marzo, el candidato presidencial César Acuña llegó a la región Junín y encabezó una caravana integrada por decenas de camionetas con banderas y pancartas de Alianza para el Progreso (APP).

Este medio revisó la información a través de la consulta vehicular de SUNARP y la plataforma de proveedores del Estado, y detectó que varios vehículos pertenecen a personas y empresas registradas como proveedoras o con antecedentes de contratación pública. En algunos casos, estas también registran sanciones o cuestionamientos.

Vehículos vinculados a personas denunciadas

El camión marca Hino, de placa TFZ-904, participó en la caravana y figura a nombre de Kelly Acuña Núñez, Hija de Cesar Acuña. Según Diario El Comercio, esta persona afrontó una denuncia en Trujillo por presunta falsificación de documentos para apropiarse de un terreno de 20,000 metros cuadrados en el sector Las Palmeras, urbanización San Andrés.

Empresas sancionadas presentes en la caravana

La empresa Consultora y Constructora Montalván M.K. también participó con el vehículo de placa W6Q-928. En 2025, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a esta empresa por presentar información inexacta en un proceso con la Dirección Regional de Transportes.

Personas y empresas registradas como proveedoras del Estado

La revisión identificó además vehículos vinculados a proveedores inscritos:

• Obregón Taipe Yenny participó con la camioneta de placa BTX-805 y figura como proveedora en servicios de mantenimiento de vías.
• Porras Carrasco Jhoan César intervino con el vehículo de placa BTL-838 y aparece registrado como proveedor en procesos de abastecimiento de alimentos.
• Baltazar Yaro Yesenia Nelsi participó con la camioneta AMT-613 y se vincula al grifo El Triunfo, que registra operaciones de suministro de combustible a entidades públicas.

Empresas con vínculos políticos

José Armando Taype Ortiz, propietario de la empresa El Tigre y Taype Servicios Generales S.A.C., también figura entre los participantes. Él mantiene vínculos con el candidato José Jherry Taype Elliott por APP en Perené.

Además, su empresa registra antecedentes de contratación con la municipalidad de Perené durante la gestión del exalcalde Hermenegildo Navarro.

Presencia de empresas de otras regiones

La empresa Ware House EIRL se sumó a la caravana con el vehículo de placa W6F-822, trasladándose desde Huancavelica hasta Junín.

El partido Podemos Perú ya supera los S/130 mil en gastos de campaña a través de dos de sus candidatos, según los reportes disponibles hasta el momento.

José Luis Cárdenas Cárdenas (número 5) concentra el mayor gasto y registra S/89,831. El candidato invierte principalmente en más de 1,500 banderolas, además de afiches, refrigerios y pagos por servicios de colocación de publicidad. También recibe aportes de la familia Suárez Cárdenas, que figura entre sus principales fuentes de financiamiento.

En segundo lugar, Tatiana Erlinda Arias Espinoza reporta un gasto de S/40,046. Entre sus egresos destaca el pago de S/800 a un chofer, quien presta servicios entre el 9 de febrero y el 13 de marzo de 2026, con una frecuencia de dos a tres veces por semana.

A estos montos se suma el costo de postulación dentro del partido, que bordea los S/37 mil por candidato, lo que incrementa de forma significativa la inversión necesaria para participar en la contienda electoral.

Pese a estas cifras, los cuatro primeros candidatos de la lista aún no publican sus gastos de campaña, lo que limita la transparencia y evita tener una visión completa del financiamiento dentro del partido.

Estos datos reabren el debate sobre el control y la fiscalización del dinero en política, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor claridad sobre el origen y destino de los recursos utilizados en campaña.

El candidato al Congreso por Junín César David Vásquez Caicedo Muñoz, del partido Renovación Popular, enfrenta cuestionamientos en plena contienda electoral debido a los informes de la Contraloría General de la República del Perú que señalan presuntas irregularidades cometidas por su padre, Moisés Vásquez Caicedo, durante su gestión en cargos públicos y universitarios.

Los reportes del órgano de control registran más de ocho observaciones entre responsabilidades civiles, administrativas y penales, vinculadas a su desempeño como consejero regional, rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa.

Entre los casos más relevantes se encuentra un pago injustificado de más de 6,435 soles por inasistencias a sesiones cuando era consejero regional, así como decisiones administrativas cuestionadas durante su rectorado en la UNCP, como la exoneración de procesos de contratación para servicios de limpieza y jardinería.

La Contraloría también advirtió perjuicios económicos en convenios y proyectos universitarios, entre ellos un acuerdo con la empresa Insumex que habría generado pérdidas superiores a 120 mil dólares, posteriormente ampliadas con otro perjuicio estimado en más de 180 mil dólares.

Asimismo, se cuestiona la recepción de una obra tecnológica universitaria sin cumplir condiciones contractuales, lo que generó un perjuicio adicional de 381,484 soles.

Otro informe señala que, cuando presidía la comisión organizadora de la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa en 2021, designó funcionarios que no cumplían con los requisitos mínimos para los cargos.

Estos antecedentes vuelven a ponerse en debate en el actual escenario electoral en Junín, donde César David Vásquez Caicedo Muñoz busca una curul en el Congreso, mientras crecen los cuestionamientos sobre el entorno y los antecedentes de quienes aspiran a representar a la región.