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Un informe del Minem destapa presuntas interferencias en supervisión minera realizada en Pariahuanca

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Un informe del Minem destapa presuntas interferencias en supervisión minera realizada en Pariahuanca

Informe del Minem revela presuntas amenazas, retención de funcionarios e intentos de alterar una supervisión vinculada al proceso de formalización minera.

La actividad minera en Pariahuanca vuelve al centro de la controversia tras la difusión de un informe del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que documenta una serie de incidentes ocurridos durante una fiscalización realizada en enero de este año. La abogada ambientalista Galaxia Solís Dávila presentó el documento y advirtió sobre presuntas presiones contra los funcionarios encargados de supervisar operaciones relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Durante una conferencia de prensa convocada por dirigentes comunales, Solís expuso el contenido del reporte elaborado por la Dirección General de Formalización Minera. Según el documento, diversas acciones habrían interferido con el trabajo de los inspectores y comprometido el desarrollo normal de la diligencia.

El informe señala que, al concluir la supervisión y emprender el retorno hacia Huancayo, la comitiva fue interceptada por personas presuntamente vinculadas a la actividad minera. Los involucrados habrían impedido el desplazamiento de los fiscalizadores y los sometieron a actos de intimidación.

Asimismo, el reporte registra amenazas contra el personal técnico, la pérdida de equipos utilizados durante la inspección y la destrucción de documentación generada durante la diligencia. Además, los presuntos responsables habrían obligado a los funcionarios a regresar a determinados puntos de la zona intervenida para realizar nuevas verificaciones y consignar información distinta a la obtenida inicialmente.

Cuestionan la transparencia de la fiscalización

Para la defensa legal de los comuneros, estos hechos evidenciarían un intento de modificar los resultados de la fiscalización para hacerlos coincidir con la información presentada dentro del proceso de formalización minera.

Solís afirmó que lo ocurrido afecta la transparencia de las inspecciones estatales y pone en duda las condiciones en las que el Estado supervisa actividades extractivas en territorios marcados por conflictos sociales y ambientales.

Relacionan el caso con denuncias ambientales

La abogada también vinculó este antecedente con las denuncias formuladas meses después por pobladores de Pariahuanca, quienes reportaron la mortandad de truchas en el río Yurajyacu y alertaron sobre posibles impactos en el ecosistema local.

A su juicio, ambos casos reflejan una problemática ambiental más amplia que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Recuerdan sanción de la ANA

Durante la conferencia, los dirigentes comunales también recordaron la sanción que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) impuso a Takana Energy S.A.C. por ejecutar obras dentro del cauce del río Yuracyacu sin autorización.

Según la resolución citada, la empresa construyó infraestructura dentro del área de influencia del afluente, motivo por el cual la entidad le aplicó una multa administrativa.

Comunidades anuncian movilización

Ante este panorama, las comunidades de Pariahuanca exigieron que las instituciones del Estado esclarezcan los hechos denunciados y adopten medidas para proteger las fuentes de agua de la zona.

Además, anunciaron una movilización para el próximo 18 de junio con el objetivo de exigir acciones concretas frente a los conflictos ambientales que afectan al distrito y reclamar la protección del Área de Conservación Regional Huaytapallana.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre el inicio de investigaciones relacionadas con los hechos descritos en el informe de fiscalización.

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Denuncian presunto uso político de madres de comedores populares

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Denuncian presunto uso político de madres de comedores populares

Convocatoria a actividad partidaria genera cuestionamientos sobre la neutralidad de programas sociales y el uso de espacios municipales.

Una denuncia pública ha generado controversia en la provincia de Huancayo tras conocerse la presunta convocatoria de madres integrantes de comedores populares para participar en una actividad política programada para el próximo 13 de junio.

De acuerdo con la información difundida, la invitación habría sido realizada desde la dirigencia de los comedores populares y estaría dirigida a representantes de distintos comités que forman parte de este programa social. La situación ha despertado preocupación debido a la posible utilización de organizaciones destinadas a poblaciones vulnerables con fines proselitistas.

Dirigentes acuerdan participar en actividad política

La presidenta de los comedores populares, Zoraida Quispe Fabián, confirmó que la participación en la actividad respondía a un acuerdo adoptado por las dirigentes durante una reunión reciente. Sin embargo, el caso ha cobrado mayor relevancia debido a que dicho encuentro habría tenido lugar en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Este hecho ha motivado cuestionamientos sobre una eventual vulneración del principio de neutralidad que debe regir en las entidades públicas y en los programas sociales administrados o vinculados al Estado.

Precandidatura de dirigente alimenta cuestionamientos

Asimismo, documentación revisada revela que Quispe Fabián figura como precandidata a regidora provincial por el partido político Podemos Perú, circunstancia que ha incrementado las sospechas respecto a un posible interés político detrás de la convocatoria dirigida a las beneficiarias de los comedores populares.

La coincidencia entre su rol dirigencial y su participación en actividades políticas ha generado debate sobre la necesidad de mantener una clara separación entre las organizaciones sociales y las campañas partidarias.

Municipalidad pide explicaciones a la dirigencia

Frente a estas denuncias, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe, informó que solicitará un informe detallado a la dirigencia de los comedores populares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de convocatoria.

Por su parte, la presidenta de los comedores populares sostuvo que la asistencia a la actividad era de carácter voluntario. No obstante, los mensajes difundidos entre las participantes harían referencia a un control de asistencia o llamado de lista, situación que ha generado dudas sobre la naturaleza realmente opcional de la participación.

Denuncia reabre debate sobre neutralidad de programas sociales

La controversia reabre el debate sobre los límites entre la actividad política y las organizaciones sociales, así como la necesidad de garantizar que los programas dirigidos a sectores vulnerables se mantengan al margen de intereses partidarios.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso, mientras se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

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Regidor Carlos Cóngora pide investigar presuntas irregularidades en funcionamiento de olla común

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Regidor Carlos Cóngora pide investigar presuntas irregularidades en funcionamiento de olla común

El regidor provincial de Huancayo, Carlos Cóngora, defendió la intervención que realizó en una olla común de la ciudad y rechazó las denuncias que lo acusan de vulnerar la propiedad privada de la presidenta de la organización social durante una reciente fiscalización.

Según explicó el concejal, vecinos de la zona alertaron sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, por lo que decidió efectuar una inspección inopinada. La diligencia formó parte de una serie de fiscalizaciones que las autoridades desarrollan en diversos comedores populares y ollas comunes de la provincia.

Durante la visita, Cóngora identificó un local que exhibía un letrero de olla común. Tras solicitar autorización para ingresar, verificó la presencia de cocinas industriales, utensilios y otros bienes que la Municipalidad Provincial de Huancayo entregó para la ejecución del programa social.

Sin embargo, el regidor señaló que no encontró atención a beneficiarios cuando realizó la inspección, alrededor de las 11:00 de la mañana. Además, aunque constató la presencia de bienes municipales, no observó la preparación ni la distribución de alimentos durante esa jornada.

Cóngora también negó haber ingresado de manera indebida a la vivienda de la presidenta de la organización. Aseguró que la fiscalización se limitó al espacio donde presuntamente funciona la olla común y precisó que registró toda la intervención mediante fotografías y videos.

Ante las dudas sobre el funcionamiento del establecimiento, el regidor pidió que las autoridades conformen una comisión investigadora para determinar si la olla común opera de manera regular y si los recursos que entrega el Estado llegan efectivamente a la población beneficiaria.

Finalmente, informó que continuará fiscalizando otros programas sociales de la provincia para garantizar el uso adecuado de los bienes públicos y comprobar que los alimentos destinados a familias vulnerables lleguen a quienes los necesitan.

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Dirigentes exigen continuidad de proyectos ante inminente cambio de alcalde

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Dirigentes exigen continuidad de proyectos ante inminente cambio de alcalde

La incertidumbre política generada tras la ratificación de la vacancia del alcalde Julio César Llallico ha comenzado a generar preocupación entre diversos sectores sociales del distrito de El Tambo. Decenas de dirigentes vecinales, representantes de anexos y agentes comunales se movilizaron hasta los exteriores de la oficina zonal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exigir garantías sobre la continuidad de obras y proyectos en ejecución.

Preocupación por el impacto en las obras

Los manifestantes señalaron que su principal preocupación no radica en respaldar a una autoridad específica, sino en evitar que la crisis política afecte el desarrollo de intervenciones consideradas prioritarias para la población. En ese contexto, demandaron que se asegure la ejecución de proyectos de saneamiento, pavimentación y otras obras programadas para los próximos meses, así como la continuidad de los expedientes que actualmente se encuentran en trámite.

Los dirigentes advirtieron que cualquier retraso derivado de la transición política podría afectar directamente a miles de vecinos que esperan la culminación de proyectos largamente gestionados ante la municipalidad.

Gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones

Durante la jornada, una comisión de dirigentes sostuvo una reunión con representantes del organismo electoral. Según informaron, tanto el pedido para la emisión de nuevas credenciales como el memorial presentado en contra de la vacancia fueron remitidos a la sede central del JNE en Lima, donde serán evaluados conforme a los procedimientos establecidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para la notificación oficial de la vacancia ni para la entrega de credenciales al regidor Iván Medina, quien asumiría la alcaldía en caso se concrete el proceso de sucesión.

Expectativa por la definición del proceso

La falta de una decisión definitiva mantiene en expectativa tanto a la población como a la propia administración municipal. Han transcurrido tres semanas desde que se conoció la resolución que ratificó la vacancia de Julio Llallico por nepotismo bajo la figura de interpósita persona.

Frente a este escenario, los dirigentes insistieron en la necesidad de garantizar estabilidad institucional y continuidad en la gestión municipal para evitar que los cambios políticos repercutan en la ejecución de obras y servicios públicos.

Mientras las autoridades electorales continúan con la evaluación del caso, diversos sectores de El Tambo esperan una pronta definición que permita brindar certidumbre sobre el futuro de la administración local y el desarrollo de los proyectos considerados prioritarios para el distrito.

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