Tras diez días de incertidumbre, Marjury Contreras obtuvo garantías para su vida. Su caso no es solo un hecho policial; es el reflejo de una política local que parece haber perdido el respeto y la seguridad básica.
Lo que debió ser un debate democrático sobre el futuro de los recursos de Huancayo terminó en un episodio de miedo y vulnerabilidad. El pasado 7 de abril, la regidora Marjury Contreras sintió en carne propia cómo la violencia física se filtraba en el salón de plenos. Hoy, con un documento de la Prefectura en mano que le otorga garantías personales, Contreras alza la voz por una justicia que, aunque camina, parece hacerlo a destiempo.
El día que la política se convirtió en ataque
La tensión estalló durante la discusión sobre las utilidades de Caja Huancayo. En medio del caos, una ciudadana identificada como Merleni Gómez Huamán pasó de las palabras a los hechos: increpó y jaloneó a la regidora. Todo esto ocurrió ante la mirada del alcalde Dennis Cuba y otros colegas, en un espacio que debería ser el epicentro del diálogo y la seguridad.
Pero la denuncia de Contreras va más allá de un arrebato individual. La regidora señala a Dante Cárdenas Osorio como el presunto instigador de esta agresión. Lo que sugiere que el ataque no fue un impulso del momento, sino una acción orquestada para amedrentar a una autoridad en funciones.
«No es un hecho aislado, es un síntoma»
Para Marjury, quien también lidera la Red de Mujeres Autoridades de Junín, este golpe no fue solo contra ella, sino contra el rol de la mujer en la política.
«Esperar más de diez días por protección tras ser agredida en tu propio puesto de trabajo es una señal alarmante de desprotección», se lee entre líneas en su demanda de justicia.
El hostigamiento hacia las mujeres en cargos públicos es una grieta abierta en Huancayo. La demora en las respuestas institucionales y la falta de sanciones inmediatas envían un mensaje peligroso: la violencia política se tolera, o peor aún, se normaliza.
Una democracia que se resquebraja
El otorgamiento de las garantías es un alivio legal, pero no borra la fragilidad del Concejo Municipal. Cuando una autoridad electa teme por su integridad física al acudir a una sesión, lo que está en riesgo no es solo una persona, sino la salud de la democracia local.
Hoy, Huancayo mira con preocupación un tablero político donde el debate ha sido reemplazado por el jaloneo. La denuncia policial sigue su curso judicial, pero la pregunta queda en el aire: ¿Qué medidas tomará el Concejo para que el salón de plenos vuelva a ser un lugar de ideas y no de agresiones?