Lo que inició como una promesa ministerial en 2025 se ha convertido en una nueva espera para más de 28 mil vecinos. Sin presupuesto en el Ministerio de Vivienda, la gestión local busca «salvavidas» en el Congreso.
La esperanza de miles de vecinos de El Tambo de por fin ver solucionados los problemas de inundaciones se ha topado con un muro financiero. A casi diez meses de que el entonces ministro de Vivienda, Durich Whittembury, anunciara el impulso del expediente técnico para el sistema de drenaje pluvial, el proyecto ha caído en la incertidumbre: no hay presupuesto.
Una promesa sin respaldo económico
El alcalde distrital, Julio César Llallico, confirmó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) le ha notificado que no dispone de recursos para ejecutar el expediente técnico. Esta obra, valorizada en más de 34 millones de soles, es considerada vital para frenar el colapso de desagües que ocurre cada temporada de lluvias.
El proyecto está diseñado para beneficiar a los sectores NG16 y NH17, zonas críticas donde el agua de lluvia suele quedar estancada, afectando la salud y la transitabilidad de los ciudadanos.
La estrategia: El Congreso como última instancia
Ante el cierre de puertas en el Ejecutivo, la municipalidad ha volcado sus esfuerzos a la arena política. El burgomaestre detalló que se han iniciado gestiones con los congresistas Ilich López y David Jiménez para buscar dos salidas urgentes:
Crédito Suplementario: Lograr una inyección de fondos adicionales que permita financiar la inversión.
Modificación Presupuestal: Presionar para que el Congreso autorice al Ministerio de Vivienda a redistribuir sus fondos internos y priorizar este expediente.
Inestabilidad política golpea a los vecinos
Desde la comuna tambina señalan un culpable claro: la inestabilidad en el Ejecutivo. Los constantes cambios de ministros y las idas y vueltas en las gestiones nacionales han frenado la continuidad de obras que ya tenían compromisos pactados.
Mientras el financiamiento se decide en los despachos de Lima, los vecinos de El Tambo miran con preocupación al cielo, sabiendo que, sin drenaje, la próxima temporada de lluvias volverá a traer el caos a sus calles.
La confirmación de tres casos de tuberculosis entre trabajadores asistenciales mantiene en alerta al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde las autoridades sanitarias han puesto en marcha un cerco epidemiológico y medidas de vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad dentro del principal nosocomio de la región Junín.
Investigan origen de los contagios
El director del hospital, Gustavo Llanovarced, informó que el origen de los casos aún se encuentra en investigación. No obstante, precisó que ya fueron identificadas las personas consideradas contactos directos de los trabajadores afectados, quienes vienen siendo sometidas a evaluaciones médicas y pruebas de descarte.
La detección de contagios dentro del propio personal de salud ha generado preocupación debido a la exposición constante de estos trabajadores a enfermedades infectocontagiosas y a la necesidad de reforzar las medidas preventivas en los establecimientos hospitalarios.
Refuerzan medidas de control y bioseguridad
Según indicó la dirección del hospital, se estima que el número de casos vinculados no superaría los cinco contagios gracias a la rápida implementación de acciones de control epidemiológico.
Asimismo, se han fortalecido los protocolos de bioseguridad y el monitoreo permanente tanto de los trabajadores como de los usuarios que acuden diariamente al establecimiento de salud.
Recomiendan uso de mascarilla y restringir visitas innecesarias
Como medida preventiva, las autoridades sanitarias recomendaron a los pacientes acudir al hospital utilizando mascarilla y evitar el ingreso innecesario de niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, considerados grupos de mayor riesgo frente a infecciones respiratorias.
Tuberculosis: una enfermedad prevenible y tratable
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch que afecta principalmente a los pulmones. Aunque cuenta con tratamiento efectivo y puede prevenirse, los especialistas recuerdan que la detección temprana es fundamental para evitar complicaciones y reducir el riesgo de nuevos contagios.
Mientras continúan las investigaciones para determinar el foco de infección, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión permanece bajo estricta vigilancia epidemiológica con el objetivo de contener cualquier posible brote dentro de sus instalaciones.
Más de 300 comuneros vinculados a Ecosermy denunciaron incumplimientos laborales y la ausencia de representantes de la minera en una reunión previamente coordinada.
La tensión social vuelve a crecer en la provincia de Yauli-La Oroya. Más de 300 comuneros vinculados a la empresa comunal Ecosermy llegaron este jueves a Huancayo para denunciar presuntos incumplimientos de compromisos laborales por parte de Minera Chinalco y alertar sobre el fracaso de una mesa de diálogo que debía realizarse entre ambas partes.
Mesa de diálogo quedó sin efecto
De acuerdo con los representantes comunales, la reunión programada para este 11 de junio no pudo concretarse debido a la inasistencia de los representantes de la empresa minera. Los dirigentes sostienen que el encuentro había sido previamente coordinado con el objetivo de abordar diversas demandas relacionadas con oportunidades laborales y compromisos asumidos con las comunidades de la zona de influencia de la operación minera.
El abogado de Ecosermy, Rafael Porras, señaló que mientras los comuneros aguardaban el inicio de la mesa de diálogo acordada, la empresa habría convocado una reunión paralela en otro lugar, situación que, según indicó, terminó frustrando el encuentro y generando mayor malestar entre la población.
Reclamos pendientes desde hace más de un año
Los dirigentes comunales afirmaron que llevan más de un año esperando respuestas a un pliego de reclamos presentado a la empresa, sin que hasta la fecha se hayan alcanzado acuerdos concretos ni soluciones definitivas. Frente a este escenario, advirtieron que evalúan iniciar medidas de protesta y recurrir a acciones legales para exigir el cumplimiento de los compromisos que consideran pendientes.
Por su parte, el presidente de Ecosermy manifestó que el descontento viene aumentando entre las comunidades ubicadas en el área de influencia minera debido a las continuas postergaciones y a la falta de atención a sus demandas. Según indicó, esta situación estaría afectando las expectativas de empleo y desarrollo económico de los pobladores.
Comuneros evalúan protestas y acciones legales
En medio del conflicto, los representantes comunales también expresaron su preocupación por recientes denuncias fiscales presentadas contra algunos dirigentes, las cuales consideran una medida que busca limitar sus reclamos y cuestionamientos hacia la empresa.
Asimismo, denunciaron la presunta omisión de cláusulas y compromisos que, según sostienen, debían beneficiar a las comunidades cercanas a la operación minera. Advirtieron que, de no existir una respuesta concreta por parte de la empresa, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Sin respuesta oficial de la empresa
Hasta el cierre de esta edición, Minera Chinalco no había emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones formuladas por los representantes de Ecosermy.
Convocatoria a actividad partidaria genera cuestionamientos sobre la neutralidad de programas sociales y el uso de espacios municipales.
Una denuncia pública ha generado controversia en la provincia de Huancayo tras conocerse la presunta convocatoria de madres integrantes de comedores populares para participar en una actividad política programada para el próximo 13 de junio.
De acuerdo con la información difundida, la invitación habría sido realizada desde la dirigencia de los comedores populares y estaría dirigida a representantes de distintos comités que forman parte de este programa social. La situación ha despertado preocupación debido a la posible utilización de organizaciones destinadas a poblaciones vulnerables con fines proselitistas.
Dirigentes acuerdan participar en actividad política
La presidenta de los comedores populares, Zoraida Quispe Fabián, confirmó que la participación en la actividad respondía a un acuerdo adoptado por las dirigentes durante una reunión reciente. Sin embargo, el caso ha cobrado mayor relevancia debido a que dicho encuentro habría tenido lugar en instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Este hecho ha motivado cuestionamientos sobre una eventual vulneración del principio de neutralidad que debe regir en las entidades públicas y en los programas sociales administrados o vinculados al Estado.
Precandidatura de dirigente alimenta cuestionamientos
Asimismo, documentación revisada revela que Quispe Fabián figura como precandidata a regidora provincial por el partido político Podemos Perú, circunstancia que ha incrementado las sospechas respecto a un posible interés político detrás de la convocatoria dirigida a las beneficiarias de los comedores populares.
La coincidencia entre su rol dirigencial y su participación en actividades políticas ha generado debate sobre la necesidad de mantener una clara separación entre las organizaciones sociales y las campañas partidarias.
Municipalidad pide explicaciones a la dirigencia
Frente a estas denuncias, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe, informó que solicitará un informe detallado a la dirigencia de los comedores populares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de convocatoria.
Por su parte, la presidenta de los comedores populares sostuvo que la asistencia a la actividad era de carácter voluntario. No obstante, los mensajes difundidos entre las participantes harían referencia a un control de asistencia o llamado de lista, situación que ha generado dudas sobre la naturaleza realmente opcional de la participación.
Denuncia reabre debate sobre neutralidad de programas sociales
La controversia reabre el debate sobre los límites entre la actividad política y las organizaciones sociales, así como la necesidad de garantizar que los programas dirigidos a sectores vulnerables se mantengan al margen de intereses partidarios.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso, mientras se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.