Agentes de la Comisaría PNP San Ramón capturaron a dos sujetos que extorsionaban a la dueña de una avícola. La rápida aplicación del «Plan Cerco» cortó la huida de los delincuentes.

En una respuesta inmediata contra el crimen organizado, efectivos de la Comisaría PNP San Ramón (DIVOPUS CHYO) detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros del Norte”, implicados en el delito de extorsión.

El Operativo

La intervención policial inició tras la denuncia de la ciudadana María Joaquina Cáceres Contreras. La víctima reportó que, al promediar las 17:36 horas, sujetos desconocidos la extorsionaron en su local comercial “Avícola Mary”, ubicado en el Jr. Bambú.

Ante este hecho, la Jefatura de la Comisaría dispuso la ejecución inmediata del «Plan Cerco». Los agentes desplegaron unidades estratégicas en puntos clave del distrito para cerrar todas las rutas de escape y localizar a los sospechosos.

Las Capturas

La operatividad policial permitió ubicar y detener a los implicados en dos puntos distintos:

1. Noel Adolfo Neyra Amaro (38): Los agentes lo interceptaron en la intersección de la Av. Saturno y la Av. Sor Victoria Aguirre.
2. Brayan Alexander Jimenez Escobar (23): La Policía lo alcanzó en el Jr. Progreso (altura Jr. Paucartambo) mientras conducía el vehículo menor de placa 3445-MW, unidad que presuntamente utilizaba la banda para sus actividades ilícitas.

Acciones Legales

Tras la identificación, el personal policial puso a ambos sujetos a disposición de la Comisaría PNP San Ramón para las investigaciones correspondientes. La Región Policial Junín ya notificó al Ministerio Público para iniciar el proceso penal por el delito contra el patrimonio.

Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger a los emprendedores de la Selva Central y combatir frontalmente cualquier modalidad de extorsión que afecte la paz pública.

El sujeto habría aprovechado una ventana colindante para filmar a la víctima sin su consentimiento. Durante la intervención policial, intentó ocultar un segundo teléfono entre sus prendas.

En una rápida intervención, efectivos de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un joven identificado como Steve R., acusado de vulnerar la intimidad de una ciudadana al grabarla sin su autorización dentro de una vivienda en el Jr. San Luis.

Los hechos

Alrededor de las 10:22 p. m., las autoridades acudieron al inmueble tras el llamado de auxilio de una testigo, identificada como M. E. (25). Según la denuncia, la agraviada, Y. P. (23), se encontraba en una habitación alquilada del primer piso realizando un video de baile para la plataforma TikTok, momento en el que se percató de que estaba siendo filmada clandestinamente.

La víctima señaló que el sujeto habría utilizado una ventana de un cuarto vacío contiguo para realizar la grabación sin que ella lo notara inicialmente. Cabe precisar que el presunto implicado también es inquilino del mismo predio, ocupando una habitación en el tercer piso.

Resistencia y ocultamiento

Durante el interrogatorio inicial, Steve R. negó tener su equipo móvil a la mano, asegurando que el dispositivo se encontraba apagado en su habitación. Sin embargo, ante la presencia de la Policía Nacional, el joven mostró una actitud desafiante y de resistencia.

Tras una inspección de seguridad, los agentes descubrieron que el sujeto mantenía oculto un segundo teléfono celular en la parte posterior de su cuerpo, escondido entre sus prendas, procediendo de inmediato a su incautación para las investigaciones de ley.

Proceso legal

Ambas partes fueron trasladadas inicialmente a la Comisaría Central y, posteriormente, al Complejo Policial de Millotingo. El caso ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes bajo la presunta comisión del delito contra la libertad (violación de la intimidad), a fin de determinar la responsabilidad penal del intervenido.

Un video viral captó el momento en que una comerciante, identificada como Rita Carpio, agrede a otra vendedora en plena avenida Ferrocarril. Detrás del ataque se escondería una red que lotiza la vía pública ante la débil fiscalización municipal.

El desorden en las calles de la «Incontrastable» ha escalado a un nivel peligroso. Lo que antes era una disputa por clientes, hoy se ha convertido en una presunta red de extorsión y violencia física. Una reciente agresión grabada en la avenida Ferrocarril ha puesto nuevamente bajo los reflectores a Rita Carpio, conocida como la «Tía Rita», señalada por víctimas y testigos como la presunta encargada de cobrar «cupos» para permitir el comercio informal.

Violencia en plena vía pública

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Carpio agrediendo físicamente a una vendedora y arrojando su mercadería al suelo. La víctima denunció que el ataque fue la respuesta por negarse a pagar un monto de dinero exigido para ocupar un espacio en la vereda.

«No es un hecho aislado, es un sistema de terror» detallan otros comerciantes, quienes por temor a represalias prefieren el anonimato. Según los testimonios, estos grupos imponen sus propias leyes, deciden quién vende y quién no, y recurren a la violencia psicológica y física contra los más vulnerables.

Antecedentes: Vouchers y grandes sumas de dinero

Esta no es la primera vez que Carpio está en el ojo de la tormenta. En operativos anteriores realizados por la Policía y el Serenazgo, la mujer fue intervenida en medio de grescas. En aquellas ocasiones, las autoridades hallaron en su poder fuertes sumas de dinero en efectivo y vouchers bancarios, hallazgos que reforzaron la hipótesis de un esquema de cobros ilegales por el uso del espacio público.

¿Dónde está la Municipalidad?

Pese a que la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) ha reiterado que «nadie tiene derechos sobre la vía pública», la realidad en las calles desmiente la eficacia de sus operativos. La toma de espacios por parte de estas mafias evidencia una fiscalización insuficiente que ha permitido que particulares se adueñen de las avenidas principales.

La ciudadanía y los comerciantes afectados exigen una intervención no solo de los inspectores municipales, sino del Ministerio Público y la Policía Nacional, para desarticular estas presuntas redes de extorsión que operan a plena luz del día.